La represa, que Energía Austral proyecta sobre la falla activa Liquiñe-Ofqui, inunda un territorio incluso mayor que HidroAysén y se instalaría en el centro de la Patagonia chilena.
Con esta frase las organizaciones ciudadanas de Aysén y el país del Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP) que participaron con reclamaciones en la evaluación de la represa río Cuervo respondieron a la decisión que este lunes adoptara el Comité de Ministros del gobierno de Michelle Bachelet. En una resolución acordada durante esta mañana, se dio el vamos al embalse de 13 mil hectáreas en las cercanías de Puerto Aysén, en la Patagonia chilena, y sobre la falla activa Liquiñe-Ofqui.
Aunque aclararon que los plazos para las impugnaciones comenzarán una vez que se emita la resolución y sean notificados los ciudadanos y organizaciones que presentaron reclamaciones, indicaron que está claro que el gobierno dio su respaldo a un proyecto no solo peligroso para la población sino de alto impacto para la biodiversidad de la Patagonia, contemplando incluso la desaparición de dos de los más prístinos lagos del país: el Yulton y el Meullín.
“La evaluación del estudio de esta central hidroeléctrica ha sido hasta hoy un traje a la medida del titular, ignorando por completo el bienestar y la opinión de los ciudadanos de Aysén a quienes se obliga, en definitiva, a soportar un riesgo excesivo que este proyecto introduce. Además de que existe una deficiente evaluación de las variables geológica y sísmica, se ha incumplido con el Convenio 169 de la OIT, se ha tramitado de forma irregular con servicios que no se pronunciaron y se han dejado sin evaluación impactos de gran importancia” señaló el abogado de la ONG FIMA, Diego Lillo, organización que patrocina las reclamaciones de la ciudadanía y las organizaciones.
Indicó que “aunque de todas formas debemos esperar la resolución relativa al acuerdo adoptado por el Comité de Ministros, el próximo paso será recurrir a los tribunales ambientales para revertir esta errónea decisión, además de otros recursos relacionados con la invalidación del acto y requerimientos ante la Contraloría. Esperamos que los tribunales remedien lo ocurrido hoy, ya que afortunadamente aún existen organismos independientes donde hacer primar la razón y la ley”.
Al respecto, el coordinador de la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida, Peter Hartmann, quien participó esta mañana en la concentración que en Coyhaique se realizó frente a las oficinas del Servicio de Evaluación Ambiental, señaló que “esto es una burla del gobierno. Tomar una decisión sobre un embalse de 13 mil hectáreas en una zona de alto riesgo como es la falla Liquiñe-Ofqui, rodeada de volcanes y sin haber definido aún la Política Energética Regional es una irresponsabilidad”. En este sentido el presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, Patricio Segura, recalcó que “teníamos claro que, al final, nos veríamos en tribunales ambientales. Lo que sí hay que recordar es que la lucha por una Patagonia sin represas, por una Aysén Reserva de Vida, no es para a que este tipo de proyectos no se aprueben sino para que no se concreten. Lo de hoy solo fue un mal paso, pero solo eso”.
Para el director de Greenpeace Chile, Matías Asún, “el rechazo a esta iniciativa es transversal y es importante que se conozcan las razones: estamos hablando de una represa gigantesca que sería construida sobre una falla geológica. Es una pésima idea por donde se la mire. Chile, además, tiene alternativas para producir energía limpia, con bajo impacto ambiental, sin inundar esta cantidad de territorios”. Por su parte el presidente de Ecosistemas Juan Pablo Orrego, expresó que lo ocurrido es “otra decisión totalmente equivocada que solo podemos entender como un guiño a las grandes corporaciones transnacionales respecto a que Chile sigue abierto a riesgosas aventuras financieras. Claramente lo que buscan el gobierno y las empresas es abrir la Patagonia chilena al desarrollo industrial, como no pudieron con HidroAysén ahora lo intentan con río Cuervo. Esto, en circunstancias que Chile podría abastecerse en un 100% de energías renovables”.
Desde Puerto Aysén, el presidente de la Agrupación Wallmapu Hugo Díaz, cuestionó al gobierno de Michelle Bachelet “por entregar a una comunidad a la voracidad de una empresa trasnacional minera, permitiendo que levanten un embalse de 13 mil hectáreas sobre nuestras familias. Bachelet y Puerto Aysén tienen una historia negra en materia de sismos y terremotos, y al parecer ella no aprendió nada”.
Una vez conocida la decisión, en Coyhaique los manifestantes congregados en las afueras del Servicio de Evaluación Ambiental cortaron el tránsito en el sector céntrico para luego dirigirse con lienzos y pancartas hasta el frontis de la intendencia regional. Para esta tarde se han convocado a concentraciones en Coyhaique y Puerto Aysén.
Fuente: Coalición ARV – coalicionciudadana@gmail.com