El Presidente del Banco Central de Chile, Mario Marcel, expuso hoy ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados, sobre los proyectos de reforma constitucional referidos a retiros adicionales de fondos de pensiones.
En su presentación, Marcel indicó que “el retiro de fondos de pensiones no genera ingresos adicionales para los afiliados, sino que entrega liquidez en el corto plazo, a costa de reducir ahorros de largo plazo. Si los fondos retirados se destinan íntegramente al consumo, el patrimonio neto del afiliado se reduce en la misma magnitud”. Agregó que “el retiro de 10% permitido por la Ley 21.248 fue aprobado con el carácter de una medida excepcional y única (por una vez), justificado en la magnitud del shock a los ingresos de los hogares provocado por la crisis del Covid-19 y las limitaciones de las ayudas estatales, y se aplicó en el momento de mayor intensidad de la misma”.
En el caso de del primer retiro, Marcel señaló que “esta medida excepcional tuvo un carácter universal y accedieron a ella afiliados de todos los niveles socioeconómicos, sin mayores condicionantes, incluido el de haberse visto afectado por la crisis”.
El Presidente del Banco Central afirmó que “considerando la alta proporción de afiliados que retiraron sus fondos y el comportamiento posterior, puede concluirse que una fracción significativa de ellos destinaron los fondos a propósitos distintos a la subsistencia familiar. Por esas razones, el impacto de la medida sobre la demanda interna y la actividad, aunque ha sido importantes para la coyuntura, ha resultado limitado en relación a la gran magnitud de la reducción de ahorros previsionales”. Al comparar ambas magnitudes, concluyó que la efectividad macroeconómica de la medida habría sido entre dos tercios y tres cuartas partes inferior a un aumento de la inversión financiada con un volumen similar de endeudamiento fiscal.
En su exposición, también abordó el impacto del primer retiro de fondos en el mercado financiero. “Las medidas adoptadas por los reguladores y por el Banco Central, unido a los incentivos para mantener la rentabilidad de los fondos, permitió que el ajuste de las carteras se efectuara con un mínimo impacto sobre los precios financieros, incluidas las tasas de interés de largo plazo”.
En síntesis, agregó, “no es que frente a esta medida no haya pasado nada; más bien, diversos actores se prepararon y actuaron con el propósito de minimizar sus efectos potencialmente disruptivos de corto plazo. Los efectos de largo plazo, por su parte, están determinados por la reducción del ahorro previsional y su impacto sobre el ahorro nacional y la inversión”.
Sobre un eventual segundo retiro de fondos de pensiones, aseguró que no puede proyectarse como una repetición mecánica del primer evento. “Se trataría de aplicar una medida que se aseguró que se adoptaría por una sola vez, por lo que ya no habría forma de asegurar frente a la opinión pública y los mercados que no habrá un tercer, cuarto o quinto retiro, afectando de manera significativa las expectativas y las respuestas de los mercados. En lo que se refiere a los eventuales beneficiarios, un segundo retiro duplicaría el acceso a fondos para los afiliados con mayores fondos acumulados y, probablemente, mayor nivel socioeconómico, incidiendo considerablemente menos sobre trabajadores y familias que enfrentan mayores dificultades”, puntualizó.
Con esto, agregó que “es altamente probable que se reduzca la proporción de fondos que se destinen a usos que estimulan la demanda interna, con un efecto más acotado sobre la actividad. Asimismo, aumenta el efecto potencialmente disruptivo sobre los mercados financieros, al requerir liquidación de activos con mayor presencia local, exacerbado por la expectativa de retiros adicionales. Con ello, la capacidad del Banco Central y los reguladores para mitigar estos efectos será considerablemente más limitada”. Todo ello, sin considerar aún los impactos de una medida de este tipo sobre la viabilidad de una reforma previsional.
Por último, el Presidente del Instituto Emisor señaló que “las medidas propuestas para un retiro de rentas vitalicias, aunque de menor magnitud relativa, tiene un potencial efecto sobre la solvencia de la Compañía de Seguros de Vida (CSV), la seguridad jurídica y la incertidumbre, considerablemente mayor, por afectar a contratos ya establecidos, generando riesgos de demandas y procesos judiciales, internos y externos”. En tal sentido, indicó que sería mucho más conveniente identificar mecanismos más directos de apoyo estatal a pensionados con dificultades económicas.