La Comisión Investigadora del incendio en el relleno Santa Marta concluyó este miércoles la discusión de las conclusiones y recomendaciones de su informe, abocándose en su sesión final a las relacionadas con la reacción de organismos púbicos ante la emergencia y sus fallas en materia de fiscalización.
Sobre el primer punto, la instancia estableció que existió demora de la Intendencia Metropolitana en coordinar las acciones para atacar el siniestro, en un cuadro de improvisación “por parte de la autoridad que no sabía cómo abordar el evento, y que tampoco dimensionó adecuadamente los efectos de la nube tóxica”.
Contribuyó a lo anterior, señalará el informe, que el plan de incendio de la empresa “era completamente inservible”, y a que además esta ocultó a las autoridades la emergencia “durante horas preciosas”, las que se perdieron para evitar consecuencias mayores. Asimismo, la Comisión estableció que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) se constituyó “tardíamente” en el relleno, “a cuatro días de que fue notificada del deslizamiento”.
Sobre la actuación de la Seremi Metropolitana de Salud, se estableció que esta “no tomó las medidas preventivas necesarias en los sectores aledaños al relleno sanitario, donde era recomendable evacuar a la población especialmente expuesta a la toxicidad del aire, como las mujeres embarazadas y los niños. Asimismo, hubo un retardo en la medición de la calidad del aire en las áreas cercanas al incendio”.
Fiscalización
En materia de fiscalización, la Comisión señaló que la Seremi de Salud debió haber detectado previamente los incumplimientos de la empresa que causaron el siniestro, puesto que corresponde a dicho organismo “la fiscalización de la operación de un relleno sanitario, respecto a probables incumplimientos de las normas del Código Sanitario y de su reglamento”.
“Los incumplimientos se perpetraron durante un período prolongado y de modo evidente, de manera tal que, de haber cumplido la Seremía de Salud con el mínimo deber de diligencia, se pudo haber advertido ello, y haber evitado o minimizado un evento catastrófico que comprometió gravemente la Salud de la población”, se señala.
Sobre el punto el presidente de la Comisión Investigadora, diputado Leonardo Soto (PS), explicó que “esta empresa tenía ciertas condiciones básicas para operar, cuyo núcleo correspondía a la cantidad de basura que podía recibir y la forma establecida de apilarla, e incumplió en forma dolosa ambas obligaciones causando con ello el derrumbe y posterior incendio, incumplimientos que no fueron detectados a tiempo”.
Asimismo, la Comisión investigadora hizo presente que durante el Gobierno anterior, el año 2013, la Subsecretaría de Salud dictó un instructivo respecto a las labores de fiscalización de las Seremías de Salud, “acto administrativo que interpretó de manera errada la ley” al sustraerlas de algunas labores de fiscalización, por lo que la instancia recomendó tomar las acciones para corregirlo.
Fuente: Comunicaciones diputado Leonardo Soto.