El Consejo para la Transparencia (CPLT) dio a conocer los resultados de una fiscalización extraordinaria de acceso a información pública que permitió identificar 81.112 casos de funcionarios registrados en más de un organismo público, tanto en instituciones de la Administración Central como en municipios y corporaciones municipales.
El proceso de fiscalización se realizó entre marzo y diciembre de 2024, analizándose datos publicados en transparencia activa correspondiente a septiembre de 2023 de 787 instituciones públicas: 390 organismos del Gobierno Central, 345 municipalidades y 52 corporaciones municipales. Se analizaron las planillas de personal y remuneraciones bajo las modalidades de planta, contrata, honorarios y Código del Trabajo. Dicho análisis se combinó con 79 solicitudes de acceso a la información (SAI) dirigidas a una muestra de organismos que concentraban los casos más relevantes, así como a la revisión de la información publicada en transparencia activa por dichos organismos correspondiente a diciembre 2024.
El estudio identificó que, del total de funcionarios con múltiples registros, el 80% presenta dos registros y el 20% tres o más. Además, se evidenció que el 73% de los casos de registros múltiples se produce dentro de una misma institución, especialmente en municipalidades, y particularmente en el sector educación. El restante 27% corresponde a funcionarios que aparecen registrados en dos o más instituciones distintas. En este último caso, la combinación más usual es presentar registros en municipios y Administración Central (10% del total).
En cuanto a las modalidades de contratación, el 20% corresponde a personas con múltiples contratos a honorarios, un 19% combina contrata y honorarios, y un 18% presenta más de un registro a contrata. Estas combinaciones representan más de la mitad de los casos (57%).
En lo relativo a la muestra de organismos a los que se dirigió SAI por concentrar los casos más relevantes, ella se construyó priorizando aquellos casos relativos a funcionarios con cargos altos, remuneraciones elevadas, con más de dos registros en diversas entidades o dos o más registros en la misma entidad, con funciones similares.
Sin perjuicio que la multiplicidad de registros contractuales no es per se una situación irregular, en algunos casos podría dar cuenta de eventuales incompatibilidades como sucede con funcionarios con cargos de planta en una institución y contratos adicionales a honorarios en otras, sin claridad sobre la compatibilidad horaria. En otros casos, podría ser necesaria más información para dar cuenta de una irregularidad o descartarla, como es el caso de un profesional con hasta 11 contratos a honorarios simultáneos en municipalidades y remuneraciones mensuales totales por sobre los $16 millones.
“Nuestro rol como Consejo es fiscalizar que la información pública sobre el personal, la modalidad de contratación y remuneraciones esté completa, sea fidedigna y se publique conforme a los estándares legales. Este informe, en primer lugar, contiene evidencia que sugiere que existen deficiencias en los registros de transparencia activa en la materia, lo que se manifiesta en información incompleta, en descripciones muy genéricas de la función que se ejerce y en errores en la publicación de las rentas, además de inconsistencias entre esa información y aquella entregada vía solicitudes de acceso. Al mismo tiempo, y pese a las barreras existentes en la obtención de datos (denegación, inconsistencias y entregas parciales), fue posible constatar eventuales desajustes respecto de la normativa que rige a las contrataciones de funcionarios públicos, los que esperamos sean consideradas por los equipos de auditoría interna de cada órgano, así como por los órganos públicos fiscalizadores y la ciudadanía en general. Ello, a fin de que, de constatarse infracciones e irregularidades, éstas sean corregidas con urgencia y sancionadas en conformidad a la ley”, señaló la presidenta del CPLT, Natalia González.
Asimismo, en la muestra de casos relevantes ya indicada, el informe identificó casos de alcaldes y jueces de policía local con cargos vigentes en otras instituciones, pero con permisos sin goce de sueldo en ellas, lo que, sin embargo, es permitido por la ley vigente.
Además, la fiscalización evidenció infracciones al debido cumplimiento del derecho de acceso a la información en las 79 SAI ingresadas para conformar la muestra: 17 no fueron respondidas o lo fueron parcialmente, y se detectaron casos de información errónea, falta de derivación cuando correspondía, entrega de datos personales sensibles sin anonimizar (tarjar) y respuestas con inconsistencias respecto de lo publicado en transparencia activa.
El CPLT recordó, a modo de referencia, que en 2024 el 22% del presupuesto del Gobierno Central y casi el 49% del presupuesto municipal se destinó a remuneraciones de personal, por lo que contar con información pública precisa, accesible y actualizada no solo es una obligación legal, sino una herramienta fundamental para el control ciudadano y la probidad administrativa.
Finalmente, el Consejo anunció que, sin perjuicio de sus acciones de fiscalización, impulsará medidas y actividades de capacitación para contribuir a la estandarización de los datos y mejorar la manera en que se publica la información sobre el personal de las reparticiones públicas. Con ello no solo busca facilitar su comprensión, sino que evitar irregularidades y fortalecer la rendición de cuentas en el Estado.
Fuente: Consejo para la Transparencia.