Este viernes el director del INDH, Branislav Marelic, en conversación con distintos medios de prensa, expuso reflexiones y eventuales medidas que puede emprender el organismo de derechos humanos sobre el fallecimiento de la niña Daniela Vargas Vargas, ocurrido en 2015 mientras estaba bajo custodia del Estado.
Al respecto Marelic dijo que “Este caso -que ocurrió en 2015- presenta varios aspectos de preocupación, uno tiene que ver con los criterios que decidieron no incluir a la niña en la lista nacional de trasplantes de corazón, los cuales hay que analizar si tuvieron motivaciones discriminatorias o no. Todo hace pensar que su precariedad social, su vulnerabilidad, tuvo una influencia y aquello no puede ser aceptado en un estado de derecho”.
“Una de las acciones más importantes que el Estado está emprendiendo es la investigación por parte del fiscal Marcos Emilfork, por presuntos delitos relacionados con la muerte de Daniela. En el INDH vamos a recopilar diversos antecedentes y vamos a analizar las acciones penales que podamos deducir en esta línea. El INDH comenzará también a oficiar a los organismos pertinentes solicitando información sobre otros/as niños/as que actualmente puedan estar en una situación similar a la de Daniela, para así evitar que sean excluidos por razones arbitrarias de la lista de espera de órganos”.
Marelic complementó que “Hay muchos organismos del Estado que tienen competencia en lo que pasó con Daniela. El Ministerio de Salud y la red asistencial tienen que priorizar y evaluar a las personas susceptibles a un trasplante de órganos en base a razones objetivas, que no pueden implicar criterios discriminatorios como el origen social o su red de apoyo para la procedencia de estos trasplantes. También el Sename, si es que se le solicita mayor presencia y mayor apoyo social debe brindarlo. Si ese es uno de los criterios para entrar a la lista de espera de órganos –que es la no precariedad, la no vulnerabilidad social- el Estado tiene que hacer los esfuerzos para acreditar ese requisito. En el caso de Daniela Vargas al parecer el Sename no lo acreditó por lo que habría otra falla del Estado al respecto”.
Fuente: Instituto Nacional de Derechos Humanos.