El Consejo del INDH manifiesta su preocupación y solidariza con la comunidad de Quintero y Puchuncaví, ante los últimos eventos de contaminación registrados en dicha zona. Esta situación no es nueva y se arrastra desde la década del ´90, perjudicando gravemente la calidad de vida de las y los habitantes de la zona, sin que se haya logrado mitigar los daños producidos.
El INDH ha dado seguimiento a esta situación desde 2011 y ha recomendado al Estado tomar medidas para solucionar los problemas socioambientales en Quintero, Puchuncaví y Concón. Ya en ese año señalamos en nuestro informe de Misión de Observación que “es uno de los casos más representativos de daño ambiental a nivel nacional; constituye una de las deudas ambientales más desproporcionadas a nivel país, con dimensiones patrimoniales, laborales y de salubridad. Sus habitantes no han recibido hasta el día de hoy una debida compensación ambiental por el problema ambiental que se registra desde hace 18 años, cuando fue declarada zona saturada”.
Los conflictos ocurridos en la zona de sacrificio Quintero-Puchuncaví, afectan el derecho a la vida, la salud física y mental, a la alimentación y vivienda adecuadas, a la educación y trabajo seguros, a vivir en un ambiente libre de contaminación consagrado en la Constitución Política de Chile; entre otros. La gravedad es mayor cuando se afecta a grupos vulnerables, especialmente a niñas, niños y adolescentes y personas mayores. El INDH ha afirmado que “es una situación de injusticia ambiental evidente, por cuanto los beneficios que genera se reparten difusamente entre la sociedad toda, mientras que los costos ambientales son soportados por personas en situación de vulneración social y económica”. Frente a esta situación, las instituciones y organismos del Estado están llamadas a garantizar de manera urgente, la vigencia de los derechos humanos de las y los habitantes de la zona, afectados por la contaminación.
Ello en particular teniendo presente que hace un año atrás impulsó un Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas para con este objetivo.
Asimismo, la institucionalidad ambiental debe realizar las investigaciones pertinentes para esclarecer los últimos hechos que han afectado seriamente a la población, adoptando las medidas necesarias para su no repetición y determinando si es el caso las sanciones y otras acciones que en derecho correspondan.
En caso estas investigaciones determinen responsabilidad de empresas en el reciente episodio de contaminación en la zona proponemos que dichas empresas impulsen procesos de debida diligencia a objeto de evitar la afectación de derechos de la población a futuro y de reparar los daños que puedan haber contribuido a provocar.
El INDH realizará una nueva Misión de Observación a la zona, para evaluar la situación y realizar nuevas recomendaciones al Estado y a las empresas, con el objeto de instar para que se adopten todas las medidas necesarias ante esta grave situación.
Fuente: Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).