Al mediodía de hoy, los activistas del movimiento social presentaron las consideraciones legales, con el propósito de que Contraloría las tenga en cuenta al momento de resolver el requerimiento en contra del proyecto ciudadano.
Ejerciendo su derecho como sociedad civil interesada en la ejecución del Mapocho Pedaleable, integrantes del Colectivo Muévete presentaron argumentos legales a favor del “Proyecto Construcción Paseo y Ciclovía inundable Río Mapocho”, señalando que éste se ha ajustado a la legalidad vigente. El propósito, es que la Contraloría lo tenga en cuenta al momento de resolver el requerimiento presentado por la Intendencia Metropolitana.
El Mapocho Pedaleable es un proyecto que nació en las aulas universitarias y tomó fuerza de la mano de diversas organizaciones de la sociedad civil, que vieron en su desarrollo una oportunidad de integración de este lugar natural e histórico a la ciudad. Desde 2013 a la fecha, diferentes actividades de apertura al público general, fueron la exploración definitiva para entender que la gestión de su recuperación, como espacio público, debía tener continuidad.
Este trabajo, realizado posteriormente con autoridades públicas y privadas, fue creciendo y llegando a los ciudadanos, quienes al comenzar a concurrir, demostraron y confirmaron el aporte del río a un nuevo concepto de ciudad, donde cada hombre, mujer y niño pueden recorrer su cauce e integrarlo a su forma de habitar la ciudad.
En cada una de las fases piloto que tuvo el Mapocho Pedaleable, los fines de semana entre 2013 y 2015, así como en su apertura por más de tres meses entre 2016 y 2018, fueron miles de personas las que se acercaron al río, reconociendo el valor de este hito capitalino, que siempre ha estado ahí, pero con el que nunca nos habíamos podido encontrar. Gracias al Mapocho Pedaleable, la ciudadanía en su conjunto ha podido conocer y ha comenzado a valorar este ícono de la Región Metropolitana.
Al presentar su requerimiento en Contraloría, el error del razonamiento de la autoridad regional radica en que no ha considerado que el marco regulatorio del financiamiento de este proyecto corresponde al de una Transferencia de Capital al Gobierno Central del subtítulo 33 del Clasificador Presupuestario; y no de una Iniciativa de Inversión del subtítulo 31 del mismo referido Clasificador Presupuestario.
Es por esto, que la solicitud expresa del movimiento social, es que al encontrarse ajustado a derecho y conforme a la legalidad vigente, el proyecto debe seguirse desarrollando en la Dirección de Obras Públicas, tal y como actualmente se está ejecutando a la fecha.
Fuente: danielasuau@gmail.com