El académico de la cátedra de Derecho Internacional Público de la Universidad de Santiago, Juan Ignacio Chacón, afirma que la nota diplomática de Chile y otros países, donde señalan que la Corte Interamericana debe acatar la “autonomía” de las naciones, constituye un nuevo criterio en la tradición de respeto a la administración suplementaria de justicia en materia de DD.HH. “Por la vía de la diplomacia, se está planteando un cuestionamiento al sistema interamericano de derechos humanos”, afirma.
El Gobierno informó el envío de una nota diplomática a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según un comunicado difundido por la Cancillería y el Ministerio de Justicia, la declaración, firmada también por Brasil, Paraguay, Argentina y Colombia, habría enfatizado en que “los Estados gozan de un razonable margen de autonomía para resolver acerca de las formas más adecuadas de asegurar derechos y garantías”.
Para el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, Juan Ignacio Chacón, esta solicitud plantea un cambio sorpresivo en la forma en que el Estado chileno abordaba temas ligados a la protección internacional de los derechos humanos. Es decir, de aceptar respetuosamente un régimen de promoción de estos que implicaba una administración de justicia suplementaria y supranacional.
“Chile había sido muy respetuoso de eso y la nota de ahora viene a quebrar la tradición de Chile, de respetar esta doble administración complementaria de justicia”, sostiene el profesor de la Cátedra de Derecho Internacional Público. “Por la vía de la diplomacia, se está planteando un cuestionamiento al sistema interamericano de derechos humanos”, afirma.
Sin embargo, para el abogado, esta nota solo tiene implicancias diplomáticas, de plantear la postura común de los países que suscriben el reclamo, pero asegura que las posibilidades de que la declaración repercuta en acciones concretas se ven lejanas.
“Es muy dudoso que acojan la solicitud, dado que Chile y otros países han aceptado someterse al sistema interamericano de derechos humanos. Es decir, a la jurisdicción suplementaria sobre este tema”, considera. “En ningún caso tiene más implicancias directas que ser el planteo de una postura diplomática”, agrega.
En 2014, el organismo internacional obligó al Estado chileno a anular el fallo del Tribunal de Angol en el caso ‘Norín Catrimán y otros’, que condenó a ocho comuneros mapuche. El pleno de la Corte Suprema fue el escenario para analizar cómo cumplir la sentencia de la Corte Interamericana, que aunque emplazó al país a realizar algo inédito, no representa, para Chacón, una extralimitación en las funciones de la CIDH.
“Lo extraño es que es el Gobierno quien manifiesta esta inconformidad y no el órgano del Estado afectado, que es la Corte Suprema. Se esperaría que la queja comenzara a ser visible en los órganos afectados, en caso que fuera una extralimitación, cosa que no ha sucedido, toda vez que el máximo tribunal del país está analizando las formas de cumplir con el fallo”, señala.
Finalmente, Chacón indica que esta nota refleja la “tensión permanente” que tienen los Estados con órganos supranacionales de administración de justicia. “Los países que envían esta nota tienen, probablemente, una visión más subsidiaria del sistema de administración de justicia interamericano en materia de derechos humanos”, concluye.
Fuente: Usach.