- La iniciativa anunciada por el Gobierno busca sancionar delitos e incivilidades como rayados, consumo de drogas en la vía pública o daños a bienes públicos, generando respaldo en sectores oficialistas y cuestionamientos sobre sus efectos sociales.
Junio de 2026.- El anuncio del presidente José Antonio Kast sobre la creación de un Registro de Vándalos e Incivilidades se convirtió en uno de los temas más comentados tras su primera Cuenta Pública. La iniciativa, que será ingresada al Congreso mediante un proyecto de ley, busca identificar a personas condenadas por determinados delitos y conductas consideradas incivilidades, pudiendo incluso derivar en restricciones para acceder a beneficios estatales.
Según explicó el Mandatario, el registro incluiría delitos como agresiones a Carabineros, ataques a funcionarios de la salud, daños a monumentos nacionales, tráfico de drogas y acciones que afecten el transporte público. Asimismo, consideraría conductas como rayados no autorizados, consumo de drogas en espacios públicos, venta ilegal de alcohol y daños a infraestructura comunitaria.
La propuesta ha abierto un amplio debate político y social. Mientras sectores oficialistas la han valorado como una herramienta para fortalecer el orden público y la responsabilidad individual, desde distintos sectores han surgido cuestionamientos respecto de la proporcionalidad de las sanciones y de la eventual relación entre beneficios sociales y conductas sancionadas por el Estado.
En ese contexto, el director del Observatorio Social de la Universidad del Alba, Marcelo Estrella, analizó el alcance que podría tener una medida de esta naturaleza y puso en duda su capacidad para modificar conductas arraigadas.
“Un registro de incivilidades es un disuasivo muy leve para conductas que obedecen a parámetros profundamente interiorizados de comportamiento, que solo cambian en el largo plazo mediante educación más que mediante sanción”, afirmó.
A juicio del académico, el principal efecto de la medida podría estar más asociado a la percepción ciudadana que a una disminución concreta de estas conductas.
“El anuncio del presidente es más un alivio para quienes no cometen estas conductas, a quienes normalmente les molesta cuando las sufren o las presencian, que una medida que realmente vaya a detener a quienes ya están acostumbrados a vulnerar los espacios públicos o a sus vecinos”, sostuvo.
¿Existen experiencias comparables?
Para Estrella, una evaluación adecuada de la iniciativa requiere observar experiencias similares en contextos culturales comparables.
“No existen registros parecidos en países latinoamericanos, que son las experiencias con las que corresponde compararnos. Tampoco sería adecuado hacerlo con países como Finlandia o Islandia, donde este tipo de conductas son mucho menos frecuentes”, explicó.
En esa línea, señaló que el debate debería centrarse en la definición de las conductas y la proporcionalidad de las sanciones.
“Más que la existencia de un registro, si se busca sancionar conductas antisociales que no constituyen delitos, es fundamental cómo se tipifican esas conductas y que las sanciones sean proporcionales”, indicó.
El desafío de medir los resultados
Respecto de la efectividad de una política pública de estas características, Estrella advirtió que sus resultados no pueden evaluarse en el corto plazo.
“Un año no es suficiente para medir una política de esta naturaleza. Primero se requiere contar con series de datos que permitan determinar la frecuencia real de estas conductas y, posteriormente, evaluar el impacto de la norma durante un período prolongado, aislando otros factores que también pueden influir”, señaló.
Además, enfatizó que la detección y sanción de las incivilidades dependerá en gran medida de las prioridades que establezcan las instituciones encargadas de fiscalizarlas.
“Cualquier variación en la detección y sanción de estas conductas también responde al comportamiento de las policías y de los organismos de seguridad ciudadana. Si estas incivilidades pasan a ser una prioridad para las autoridades, naturalmente aumentará su fiscalización”, concluyó.
Para el investigador, el éxito o fracaso de una iniciativa como esta dependerá menos de la existencia de un registro y más de la capacidad del Estado para combinar fiscalización, sanciones proporcionales y estrategias de educación que permitan generar cambios culturales sostenidos en el tiempo.
Fuente: WEComunicaciones.cl