Señor Director:
Actualmente, dos principios son claves en la gestión pública, pero también privada: la Probidad y Transparencia; a propósito del lanzamiento del libro “Compliance en las Empresas del Estado” (del Ministro del Tribunal Constitucional y profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás, Cristian Letelier), se planteó la necesidad de que no solo las empresas del Estado y la privadas deben adoptar un modelo preventivo de protección de delitos, evitando así, actos de corrupción en todos los ámbitos.
Sin duda, en el mundo privado es relevante, pero lo es también y principalmente en el sector público, y en organizaciones mixtas, es decir, aquellas que reciben aportes fiscales directos, y que colaboran con la gestión pública, incluso hay algunos incipientes ejemplos de ello. Todas las organizaciones, que trabajan o reciben aportes directos o indirectos del Estado, a través de cualquiera de sus órganos, deben adoptar urgentemente un Modelo de prevención del Delito.
Ello, generaría sin duda una mayor protección a posibles actos de corrupción. Entonces, lo más clave hoy es generar espacios de prevención de los delitos económicos, que muchas veces son muy difíciles de pesquisar. Por ello, la prevención a través de un necesario y fundamental Código de Conducta de cada empresa u organización, un adecuado sistema para la declaración de eventuales conflictos de interés, un correcto manual de contrataciones, un empoderado Oficial de Cumplimiento, además de una eficiente, previa y eficaz planificación de los programas y acciones, son evidentemente algunos aspectos relevantes y que protegen al sistema de eventuales actos de corrupción.
El año 2009, nuestro país aprobó la Ley N° 20.393, que fuera luego modificada por la Ley N° 21.488 del año 2022, que establece la responsabilidad de las personas jurídicas, consagrando un Modelo de Prevención del Delito, que ha ido incorporando nuevos delitos al modelo, lo que implica la necesidad de generar proyectos que permitan ir actualizando la lista de delitos para proteger al Estado en el mejor manejo de recursos, y poner directamente el foco en la Probidad y Transparencia de la Gestión.
Aníbal Rodríguez, Decano de Derecho, UST