- Greenpeace, ONG FIMA y AIDA denuncian que la SMA permitió y aprobó un plan de cumplimiento para un centro que ya se encontraba en proceso sancionatorio para liberar a la empresa del pago de la multa correspondiente
Las organizaciones ambientales, Greenpeace, ONG FIMA y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), presentaron un recurso de reclamación ante el Tercer Tribunal Ambiental por el mal uso de instrumentos regulatorios por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), particularmente de los Programas de Cumplimiento (PdC), que estarían permitiendo a la empresa Australis Mar evadir sanciones por los cargos de sobreproducción de salmones en su centro de engorda Cordova 4, en la Región de Magallanes.
Cronología del caso
En marzo de 2023, Australis Mar se auto denunció en la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) por sobreproducción de salmones, cuyo exceso, determinó el organismo, superaría las 85 mil toneladas en 54 ciclos productivos. Por este hecho, la autoridad fiscalizadora instruyó cargos contra la empresa que, en respuesta al proceso, presentó 21 Programas de Cumplimiento (PdC) para evitar las sanciones.
En su portal web, la SMA explica que estos programas, son “un instrumento de incentivo que considera un plan de acciones y metas para que, dentro de un plazo fijado por la SMA, el infractor vuelva al cumplimiento ambiental de la normativa infringida y se haga cargo de los efectos generados por la infracción”.
El primer PdC aceptado por la Superintendencia es por el mencionado centro de engorda Córdova 4, que superó el límite autorizado para su cultivo en 185 toneladas. Lo “insólito”, reclaman desde las ONGs, es que este centro no estaba dentro del listado de los acogidos en la autodenuncia, lo que “a todas luces es un procedimiento ilegal”, afirma Santiago García, abogado de FIMA. “A marzo de 2023 ya existía un procedimiento sancionatorio para este centro, iniciado por denuncias de la sociedad civil, por lo que no le corresponde a este proceso aprobar un PdC que favorezca a la empresa”, agrega Roxana Nuñez, abogada de Greenpeace. Y añade que en este centro de engorda, además de sobreproducción, los cargos fueron por provocar anaerobia, es decir, “la actividad en el lugar dejó sin oxígeno el fondo marino, lo que es incompatible con la vida de las especies que allí conviven”.
Aún más grave, el plan de cumplimiento impuesto, “no contempla ninguna medida que se haga cargo de impactos ambientales derivados por esta causa”, asegura García.
Por esta razón, las organizaciones esperan que el Tercer Tribunal Ambiental “deje sin efecto la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente que aprobó el Programa de Cumplimiento para el centro Cordova 4 presentado por Australis y que dictamine la reanudación del procedimiento sancionatorio”, explica García.
Mal uso del instrumento
Además de cuestionar el uso de los Programas de Cumplimiento para este caso, Roxana Nuñez expone que, en general, este instrumento le entrega a los infractores “pautas para que puedan mejorar sus procesos, pero sin sancionar las faltas en las que incurren”. De esta forma, la autodenuncia sirve para que “las empresas puedan blanquear prácticas ilegales y salir libres de cargos”.
“Y la falta de sanciones en casos claros, graves y sistémicos de incumplimiento, genera un entorno que favorece a quienes defraudan a las instituciones”, sentencia.
Las multas de Australis, equivalentes a sus 33 autodenuncias, ascenderían a los 245 millones de USD, publicó DF el año pasado. En cambio, dice Cristina Lux, abogada de AIDA, “en vez de pagar, recibieron un informe con las instrucciones para volver a enmarcarse dentro de la ley. A modo de ejemplo, es como si en el caso La Polar, los Tribunales le hubieran pedido a los ejecutivos que dejaran de aplicar contratos ilegítimos de sobre intereses y el caso se hubiera cerrado en ese momento”.
“Es preocupante que, desde la creación de la SMA para supervisar el cumplimiento de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), solo se hayan abierto 27 procedimientos sancionatorios por sobreproducción de salmones en la Reserva Nacional Las Guaitecas, en la Región de Aysén. Y según datos del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), 53 centros de cultivo han incurrido en 84 casos de sobreproducción, los cuales no han sido sancionados”, agrega Núñez.
Fuente: Greenpeace