- El secretario de Estado explicó que el objetivo del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet es llevar adelante un Plan de Seguridad Integral, que permita abordar de manera amplia el tema de la delincuencia, dentro del cual se consideran los delitos de mayor connotación social y que son precisamente los que más afectan a las personas, causando una percepción de impunidad.
Una detallada exposición efectuó el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, ayer por la tarde, ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, en el inicio de la discusión en general del proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora su persecución penal.
Gómez indicó que delitos como robo, en sus distintas variantes, o hurto, son de alta ocurrencia y sin embargo tienen una muy baja penalidad efectiva, lo que según su análisis obedece a una serie de atenuantes que permiten que quienes cometen este tipo de ilícitos tengan períodos de condenas de reclusión inferiores a un año.
El ministro de Justicia dijo que esta iniciativa pretende que las penas se cumplan según lo establece el código penal y frenar así lo que se conoce como la puerta giratoria de las cárceles.
“Vamos a impedir la entrada y salida de quienes son profesionales del delito”, dijo la autoridad de Justicia a los parlamentarios, precisando que “el único error que no podemos cometer es que el que es profesional del delito siga entrando y saliendo (de la cárcel), siga asaltando, siga robando”.
La intervención de Gómez fue seguida con atención por los diputados integrantes de la Comisión, quienes mayoritariamente coincidieron en la necesidad de apoyar el proyecto que impulsa el Ejecutivo, más allá de observaciones referidas a aspectos específicos de la iniciativa.
Además del Ministro de Justicia, José Antonio Gómez, quien fue acompañado por el subsecretario de la cartera, Ignacio Suárez, expuso ante la Comisión el subsecretario de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, Antonio Frey.
Tras la sesión, el ministro Gómez señaló que “no queremos que siga existiendo esta sensación de impunidad, de no tener respuesta frente a delitos de tal connotación como son los robos con violencia, los robos en lugar habitado. Lo que esperan los chilenos es que las penas se cumplan y lo que estamos haciendo en este proyecto es establecer criterios que respecto de este tipo de delitos no vamos a tener ninguna contemplación. Aquel que entra a una casa, que afecte a una familia, en que se producen hechos violentos, tiene que cumplir la pena que se establece”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, diputado Matías Walker, comprometió “darle una tramitación rápida a este proyecto que lo que pretende es aplicar efectivamente las penas ya contempladas en nuestra legislación. No hay un aumento de penas, queremos que las penas que existen en el código penal se cumplan efectivamente respecto de los delitos de tobo, hurto y receptación que son delitos muy frecuentes, son los delitos de mayor connotación social y en los cuales tenemos un porcentaje de reincidencia en la comisión de los delitos superiores al 50 por ciento”.
El Plan de Seguridad Integral del gobierno considera una inversión del orden de los U$404 millones por una sola vez y de U$362 millones de manera permanente, para entre otros, abarcar los siguientes aspectos:
-Aumento de dotación de Carabineros y PDI.
-Ley de Control de Armas.
-Fortalecimiento del Ministerio Público.
-Programa piloto de defensa para víctimas de delitos a cargo de la Corporación de Asistencia Jurídica RM.
-Aumento de infraestructura penitenciaria en 10 mil plazas y ampliación de la dotación de Gendarmería en 4 mil 500 nuevos funcionarios en un plazo de 3 a 4 años.
-Sistema de reinserción especializado.
-Fortalecimiento del Servicio Médico Legal y Registro Civil e Identificación para avanzar en el perfeccionar el registro de ADN y Codis.
Fuente: Prensa Ministerio de Justicia.