El informe de la Universidad San Sebastián reveló, además, que la burocracia en la entrega de autorizaciones para la inversión pasó de significar un perjuicio de un 0,2% del PIB en 2022 a un 0,58% en 2023; y que los estudios de impacto ambiental aprobados en el último año requirieron 985 días, cuando el promedio histórico es de 434 días.
Considerando las demoras en función de los proyectos en tramitación, el costo aproximado de la “permisología” sobre la economía se estimó en casi US$2 mil millones el año pasado, de acuerdo con un informe realizado por la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián.
La medición, realizada en mayo de este año, cuantificó lo que se deja de percibir a partir de la burocracia en la entrega de autorizaciones para la inversión, revelando que esta problemática pasó de significar un perjuicio de 0,2% del PIB en 2022, a un 0,58% en 2023.
Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la USS complementó acerca del estudio que “si miramos los plazos de tramitación, más del 67% de los proyectos durante el 2023 se retrasó más allá de los plazos legales”.
“Chile no puede darse el lujo de mantener ineficiencias como esta si queremos retomar niveles razonables de crecimiento, las que se transforman en un impuesto al desarrollo. Las proyecciones de mediano plazo de crecimiento del producto en torno al 2% no son suficientes para alcanzar niveles adecuados de desarrollo. Debemos aspirar a tasas sobre el 4% y eso exige una simplificación regulatoria relevante. Lamentablemente, de los proyectos de ley hoy en tramitación, tanto el que revisa el sistema evaluación ambiental como el de permisos sectoriales, solamente una fracción de sus artículos apunta a mejoras sustantivas en la eficiencia del aparato público” señala.
Alza en tiempos para resoluciones de calificación ambiental
El estudio comprobó que el aumento en los tiempos para obtener una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable representa una importante barrera a nuestro desarrollo, demostrando un aumento en la burocracia. Por ejemplo, los estudios de impacto ambiental aprobados el 2023 (documento que debe presentarse si es que un proyecto tiene riesgos ambientales) requirieron de 985 días corridos en promedio para obtener un permiso ambiental, cuando el promedio histórico es de 434 días.
Asimismo, la declaración de impacto ambiental, necesitaron de 360 días corridos, cuando el promedio es de 218 días. El primer trimestre de 2024 obtener una RCA demoró 400 días corridos, un 74% más que promedio histórico.
Cristóbal de la Maza comenta que “la principal falencia del Sistema de Evaluación Ambiental radica en deficiencias en los procesos que mantiene su Administrador, agravadas por su excesivo carácter coordinador y poco resolutivo. Concentrar toma de decisiones con contrapesos necesarios para integrar distintas visiones sobre sostenibilidad es clave para mejorar su eficiencia. Existe consenso transversal en optimizar sistema. Es socialmente rentable incorporar nuevos recursos y atribuciones para estandarizar el procedimiento de evaluación. No obstante, deberíamos apuntar a reducir en un orden de magnitud los tiempos de tramitación, y no en obtener mejoras marginales como se propone.”
Fuente: USS.