Marcelo Gutiérrez G. Abogado, Académico Instituto Internacional de Estudios para la Democracia, Universidad del Alba.
América enfrenta una paradoja política. Mientras sus ciudadanos demandan liderazgos capaces de resolver problemas, la concentración del poder continúa planteando interrogantes sobre la fortaleza de sus democracias. Los recientes acontecimientos en Estados Unidos y Paraguay demuestran que la legitimidad electoral, por sí sola, no garantiza estabilidad institucional ni constituye una autorización para gobernar sin contrapesos.
Las elecciones de medio término estadounidenses representaron un revés para Donald Trump. La victoria demócrata en ambas cámaras del Congreso modificó el equilibrio político de Washington y abrió un nuevo escenario de fiscalización y negociación. El resultado recuerda una característica fundamental del presidencialismo estadounidense: el mandatario puede conservar su cargo y, simultáneamente, perder el respaldo legislativo necesario para impulsar su agenda.
No se trata simplemente de una disputa entre republicanos y demócratas. Es la expresión de un sistema donde el poder presidencial encuentra límites institucionales. El electorado puede corregir el equilibrio político sin interrumpir el mandato del jefe de Estado. Esa capacidad constituye uno de los principales mecanismos de control democrático.
En Paraguay, la crisis adquirió una dimensión más profunda. El colapso de Ueno Bank, las investigaciones sobre presuntas irregularidades y la destitución de Santiago Peña expusieron cuestionamientos sobre la relación entre poder político, intereses económicos y supervisión estatal. La posterior asunción de Pedro Alliana permitió mantener la sucesión constitucional, aunque no resolvió automáticamente la crisis de confianza.
Las responsabilidades penales deberán determinarse judicialmente, respetando la presunción de inocencia. Sin embargo, el episodio plantea una pregunta política que trasciende a sus protagonistas: ¿qué ocurre cuando los organismos llamados a fiscalizar carecen de suficiente independencia frente a quienes ejercen el poder?
El problema del personalismo no pertenece exclusivamente a una corriente ideológica. Puede manifestarse en gobiernos de derecha o izquierda cuando la figura del gobernante comienza a confundirse con el Estado, la lealtad personal desplaza al mérito institucional y los controles son interpretados como obstáculos políticos.
América Latina conoce las consecuencias de esa lógica. La concentración de decisiones puede ofrecer rapidez en el corto plazo, pero también debilitar la rendición de cuentas y aumentar la vulnerabilidad del sistema frente a errores, abusos o crisis de legitimidad.
Chile tiene razones para observar estos acontecimientos. La estabilidad democrática requiere autoridades con capacidad de conducción, pero también congresos autónomos, organismos fiscalizadores independientes y reglas que prevalezcan sobre las conveniencias de cualquier gobierno.
El desafío no consiste en debilitar el liderazgo político, sino en impedir que se transforme en poder sin límites. Gobernar exige decisión; hacerlo democráticamente exige aceptar controles.
Porque una democracia madura no es aquella donde el gobernante puede hacerlo todo, sino aquella donde las instituciones siguen funcionando incluso cuando el poder político cambia de manos.
Fuente: We Comunicaciones