Como es de conocimiento público, el ministro de Justicia Luis Cordero dio a conocer los resultados de una revisión especial al Servicio Médico Legal y a la unidad de Derechos Humanos, respecto de lo ocurrido con osamentas enviadas para su resguardo a la Universidad de Chile en el 2001 y su posterior devolución al SML en el 2019. 22 años en que no fueron periciadas y se desconoce lo ocurrido con dichas cajas, negándose la verdad, la justicia y acrecentando la impunidad.
El informe entregado por el ministro, más allá del intento de aclarar lo ocurrido con las osamentas, no logra resolver las dudas y menos las exigencias de verdad y justicia que los familiares merecemos. Así en este informe, no se logra determinar a los responsables institucionales, ni individuales a pesar de haber tenido evidencias de estas características no haber investigado. Después de contar con esta minuta informativa nos surgen más preguntas que certezas, lo que sí queda de manifiesto, es la más absoluta desidia estatal en torno a los procesos de búsqueda de nuestros familiares y lograr la verdad respecto a las circunstancias que rodearon sus muertes.
El Estado de Chile falló nuevamente, desde el Poder Judicial, pasando por el Ejecutivo y toda la administración de los órganos del Estado, no sólo a las familias, sino a la sociedad toda. El Estado de Chile tiene una obligación en la búsqueda de la verdad y justicia, traducida en este caso, en lograr la identificación de esos restos óseos resguardando la custodia adecuada, llevando a cabo los peritajes, sistematizando la información, lo cual por cierto no se realizó, fallando nuevamente, deliberadamente o por negligencia, sin voluntad política, ni compromisos serios por avanzar en los procesos de búsqueda e identificación.
Los familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados hablamos desde nuestra larga, dolorosa y consecuente lucha por saber la verdad de lo ocurrido con nuestros seres queridos, cuyos cuerpos no han sido hallados y mucho menos entregados, sabemos que quienes cuentan con la información sobre nuestros detenidos desaparecidos, no la entregarán, es por ello que se hace más indispensable que el Estado provea todos los recursos a disposición para lograr la identificación de los hallazgos que se encuentran y no dejarlos en el olvido.
El Estado de Chile como responsable de las violaciones a los DDHH tiene la obligación de hacerse responsable a través de todas sus instancias –jurídicas, políticas, administrativas o militares– de asumir a plenitud la búsqueda de la verdad y la justicia y para ello exigimos un nuevo acuerdo político-institucional para avanzar con la participación activa de las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Ejecutados Políticos.
Los familiares y la sociedad completa han denunciado las violaciones a los DDHH ocurridos en la dictadura civil-militar, pero también que el Estado de Chile en las décadas de post dictadura, ha consolidado la impunidad, obstaculizando la verdad y la justicia. Tenemos el derecho y el deber de denunciar a los gobiernos de las últimas décadas por lo que consideramos una ausencia absoluta de rigor y de interés en llevar adelante y hasta las últimas consecuencias los procesos de búsqueda, y de investigación. El informe dado a conocer es una muestra de la falta de responsabilidad administrativa, política y judicial de diversas instancias del estado. No obstante, no nos bastan las declaraciones por la prensa de que situaciones como estas no volverán a ocurrir.
Lo ocurrido con las cajas olvidadas no es un hecho aislado, son varios sucesos consecutivos como el hallazgo de piezas óseas en dependencias del Ministerio de justicia hace unas semanas, las cajas abandonadas en una de las bodegas de la subsecretaria de DDHH con declaraciones de ex conscriptos que podrían contener información relevante para investigar estas causas, entre otros hechos vergonzosos y horrorosos de desidia del Estado.
Exigimos que se adopten y determinen las responsabilidades que corresponden, tanto administrativas como penales, si las hubiere, y por otra parte que se aborde especialmente y prioritariamente por parte del Estado, un mecanismo claro, rápido y transparente para identificar los restos óseos, en el más breve plazo y por personal idóneo, para recuperar en algún momento la confianza perdida en las instituciones del Estado y sus principales representantes.
Después de más de 50 años del golpe civil-militar, los familiares de los detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y de la sociedad civil, exigimos al Estado de Chile Verdad y Justicia.
No a la impunidad.
Por el derecho a la justicia y a la verdad.
Juicio y castigo a los culpables.
Adhieren
CODEPU
Anselmo Cancino Sepúlveda Miembro Agrupación DD-Linares
Corporación Memorial Cerro Chena
Red de Sitios de Memoria
Corporación La Serena Dieciséis de Octubre
AFDD de Mulchén
Asociación de Memoria y DDHH Irán 3037 ( ex venda sexy)
Asociación por los Derechos Humanos Parral
Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional
Casa de Miguel Red Solidaria
Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucía
Fuente: Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo