Sin dejar de destacar el consenso político que se logró sobre la reforma de pensiones y el haber destrabado una discusión de más de una década, es clave que ese entusiasmo no se diluya, porque viene lo más difícil: implementarla de manera efectiva, asegurando que empleadores y trabajadores reciban la información, capacitación y asesoría adecuada.
Este es un desafío tanto para el sector público como para el privado. Las empresas, sobre todo las de menor tamaño, necesitarán apoyo en la adaptación a los nuevos requerimientos, no solo en lo técnico, sino también en los costos asociados. La reforma debe aplicarse sin afectar la sostenibilidad del empleo formal, el crecimiento económico ni la inversión.
Es fundamental estar alerta para que los mayores costos no terminen deteriorando la viabilidad de las empresas, considerando además que la discusión sobre políticas laborales no termina aquí y debemos recordar estos desafíos en los futuros debates, asegurando que cada reforma fortalezca el desarrollo del país sin poner en riesgo su competitividad.
Porque no podemos dejar de mencionar que este cambio puede tener profundas consecuencias en la formalización laboral, una preocupación transversal para todos los sectores y que requiere un foco de trabajo conjunto, que incentive más y mejores empleos en Chile.
Por eso, miramos con preocupación, por ejemplo, que las autoridades de gobierno, incluso antes de aprobarse esta ley, ya estén hablando de presentar un proyecto de ley para aumentar la participación del estado en el mercado de las AFP, pudiendo deshacer lo recientemente acordado. Ejemplos de este modo de proceder por parte del gobierno no son pocos. Tenemos, por ejemplo, el proyecto de ley misceláneo que presentaron hace algunas semanas atrás y que tiene como uno de sus objetivos imponer la forma en que se debe reducir la jornada laboral a pesar de que la ley es clara en ese sentido, tan clara que incluso los tribunales superiores de justicia han fallado en ese sentido.
Lo que más necesita el país son certezas para con ello incentivar la inversión y el crecimiento, para que las empresas y las personas puedan planificar mejor sus actividades por lo que no resulta para nada adecuando persistir en ideas que, en su momento, no lograron acarrear los niveles de consenso necesarios para avanzar hacia una política pública.
Fuente: CNC