La Asociación Chilena de Municipalidades reconoce y valora el rol esencial que cumple la Contraloría General de la República en el fortalecimiento de la gestión municipal. Su trabajo es pilar fundamental para garantizar el uso eficiente de los recursos públicos y la calidad de los servicios que los municipios entregan a la ciudadanía.
Cuando la fe pública se ve vulnerada, no vacilamos en exigir que la ley se aplique con toda su fuerza. Los recursos municipales son de todos los chilenos, y quienes los mal utilizan deben responder ante la justicia y las instituciones. En eso no hay ambigüedad.
Sin embargo, rechazamos con firmeza las propuestas que, aprovechando casos puntuales, pretenden imponer medidas generalizadas que perjudican a la totalidad de los municipios del país y, en consecuencia, a millones de vecinos. Estas iniciativas no solo revelan un profundo desconocimiento del funcionamiento del Estado; constituyen un retroceso inaceptable para la descentralización y la justicia territorial.
Los problemas deben abordarse con más y mejores mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas —no con medidas populistas que castiguen a quienes cumplen su labor con honestidad y compromiso todos los días.
Chile necesita avanzar hacia un municipalismo más fuerte, con mayores atribuciones y recursos. Esa es la dirección correcta. Debilitar a los municipios no resuelve ningún problema: solo aleja al Estado de las personas.
Hacemos un llamado urgente al Congreso Nacional a cumplir con su responsabilidad y acelerar la tramitación del Proyecto de Ley de Integridad Municipal, en trámite desde 2021. No hay justificación para seguir postergando esta reforma.
Los municipios no somos el problema: somos la respuesta más cercana y concreta a los dolores cotidianos de nuestros compatriotas.