Por Fernando Yáñez, Presidente de Denaria Chile
En un reciente artículo, la prestigiosa revista The Economist relató cómo Europa está retornando al uso del dinero en efectivo. En la nota se citó como un hito de este fenómeno la reiteración que hicieron en diciembre pasado los 27 Estados miembros de la Unión Europea de prohibir que los comercios rechacen billetes y monedas. En otras palabras, el efectivo no solo sigue siendo válido, sino que se busca garantizar activamente su disponibilidad para todos los ciudadanos.
Esta decisión puede parecer paradójica en una región que ha sido líder en digitalización financiera y en el desarrollo de nuevos sistemas de pago. Sin embargo, responde a una preocupación cada vez más evidente: la resiliencia de los sistemas financieros y la inclusión de todos los sectores de la sociedad.
Una de las principales razones de este cambio es demográfica. Las personas mayores muchas veces no manejan con facilidad las herramientas digitales necesarias para realizar pagos electrónicos. Para ellas, el efectivo sigue siendo el medio más simple, seguro y comprensible para administrar sus gastos cotidianos. A esto se suma que muchos ciudadanos de menores ingresos enfrentan dificultades para acceder al sistema bancario, ya sea por requisitos formales, falta de educación financiera o simplemente por vivir en zonas donde la infraestructura financiera es limitada.
Pero el debate va mucho más allá de la inclusión. También se relaciona con la resiliencia de los sistemas de pago. Las transacciones digitales dependen de múltiples factores: electricidad, conectividad, redes de datos, plataformas tecnológicas y ciberseguridad. Cuando alguno de estos elementos falla, todo el sistema puede verse comprometido.
En Chile ya hemos visto cómo esto puede ocurrir. En febrero del año pasado, un apagón afectó a gran parte del país, desde Arica hasta Los Lagos, dejando a millones de personas sin electricidad durante horas. Durante ese tiempo, muchos sistemas de pago simplemente dejaron de funcionar. En supermercados, estaciones de servicio y comercios, la única forma de realizar compras era utilizando dinero en efectivo.
Existe además una dimensión geopolítica que comienza a ganar relevancia. Muchos países observan con creciente preocupación los riesgos asociados a ciberataques o a eventuales conflictos internacionales que puedan afectar infraestructura crítica. Un ataque exitoso contra redes eléctricas, sistemas financieros o telecomunicaciones podría paralizar temporalmente la economía de un país. En ese escenario, el efectivo se convierte en una herramienta básica de continuidad operativa.
Por estas razones, diversos gobiernos han comenzado a reconsiderar el papel del dinero físico en economías cada vez más digitalizadas. El objetivo no es retroceder en innovación ni frenar el desarrollo de los pagos digitales, sino asegurar que exista una alternativa robusta cuando la tecnología falla.
Tal como concluye The Economist, “cuando se trata de resiliencia, nada supera al efectivo”. En Chile solemos mirar a Europa como un referente en múltiples políticas públicas y regulatorias. Mantener el derecho al uso de dinero en efectivo —y garantizar que nadie pueda rechazarlo— podría ser también una lección relevante para fortalecer nuestra propia resiliencia económica y social en un mundo cada vez más incierto.
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