Los Gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España ante la gravedad de los hechos ocurridos en Venezuela y reafirmando su apego a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, expresan de manera conjunta las siguientes posiciones:
- Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela, las cuales contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Estas acciones constituyen un precedente sumamente peligroso para La Paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil.
- Reiteramos que la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional. Reafirmamos que solo un proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana.
- Reafirmamos el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz, construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención, y hacemos un llamado a la unidad regional, más allá de las diferencias políticas, frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad regional. Asimismo, exhortamos al Secretario General de las Naciones Unidas y a los Estados Miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes a hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional.
- Manifestamos nuestra preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, lo que resulta incompatible con el derecho internacional y amenaza la estabilidad política, económica y social de la región.
Fuente: Cancillería