Para ello este grupo organizado transnacional usaba dos rutas: una por las cercanías de Colchane (frontera con Bolivia) y la otra por Tacna (paso fronterizo con el Perú), poniendo en peligro la vida de los migrantes, por las condiciones de altitud y clima en la primera, y por el peligro de cruzar por campos minados en la segunda.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) es parte querellante en este caso, cuya investigación se inició en 2016 y respecto de la cual se obtuvo ya la extradición desde el Perú de gran parte de los imputados.
Según se ha podido establecer, el grupo captaba a ciudadanos dominicanos en su país de origen ofreciéndoles bajo engaño trasladarlos hasta Chile, con la promesa de entregarles visas de trabajo. Para ello, cobraban sumas entre los 700 a los 3 mil dólares.
Tras ello, las personas eran trasladadas por vía aérea hasta Colombia o Ecuador, para seguir su camino por vía terrestre, ya fuera en buses, camionetas o automóviles, hacia Perú. En este último país, la red tenía habilitadas casas de acopio de personas en Sullana, junto a la frontera con Ecuador, y también en Tacna.
La indagatoria estableció que en Tacna la organización ocupaba las dos rutas relatadas para ingresar ilegalmente a los/as extranjeros/as a nuestro país.