Los hechos ocurrieron el día 17 de febrero de 2014, la persona identificada como Juan Aravena concurrió junto a un amigo a almorzar a un restaurante de la ciudad de Rancagua. Al momento de pagar la cuenta advirtió que no tenía dinero, por lo que salió del local a conseguirlo para poder cancelar lo consumido. Transcurridos 45 minutos desde la salida de Aravena, el locatario denunció la situación a Carabineros.
De este modo, Juan Aravena fue arrestado y subido a un furgón policial, lugar donde murió tras estar ocho horas en su interior, con falta de ventilación y de oxígeno, pese a que el fiscal de turno había ordenado su libertad.
El INDH presentó en febrero de 2014 una querella criminal por tortura con resultado de muerte, al estimar que la víctima habría sufrió apremios ilegítimos y una grave violación a sus derechos al quedar por varias horas encerrado y a pleno sol al interior del vehículo de Carabineros. En la ocasión, el INDH estimó que la justicia civil debía ser la que investigara este caso. En paralelo, los Tribunales Militares comenzaron a tramitar esta causa, por lo que se generó una contienda de competencias que fue resuelta por la Corte Suprema, determinando que el caso sería revisado por la justicia ordinaria con la consecuente condena conocida.