—Fundación Paz Ciudadana firmó convenio con Comisión permanente para la instalación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos de la región.
Con el objeto de fomentar el desarrollo, perfeccionamiento y ampliación de mecanismos alternativos a la justicia tradicional, la Fundación Paz Ciudadana firmó un convenio de colaboración con la comisión permanente en la materia, perteneciente al grupo de 23 países que forman parte de la Cumbre Judicial Iberoamericana, de la cual participa activamente el Poder Judicial chileno.
Con ello, la institución —encargada de la promoción de políticas públicas en seguridad y justicia— queda habilitada para impulsar en todos los países de la región, además de España, Portugal y México, mecanismos alternativos y restaurativos de resolución de controversias en materia penal y penal juvenil, y en donde destacan los Tribunales de Tratamiento de Drogas, hoy presentes en gran parte del país.
El convenio, que fue rubricado en Santiago por el Ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel (Chile), Roberto Contreras y el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, se traduce en un trabajo conjunto para el desarrollo de actividades formativas, de capacitación y difusión, investigaciones, asesoramiento y publicaciones, entre otras materias.
“Este es un convenio amplio porque permite que una iniciativa que nació en Chile, con el apoyo de Paz Ciudadana, pueda extenderse a otros sistemas procesales de la región, para que las personas puedan ser reinsertadas a la sociedad. El modelo en Chile ya está consolidado y corresponde ahora su evaluación. Sabemos que el programa ha sido exitoso, pero necesitamos generar la evidencia para poder replicarlo en otros países en cuanto a impacto, costo y eficiencia frente a la cárcel”, señaló Daniel Johnson.
Los Tribunales de Tratamiento de Drogas, que funcionan al alero de la figura de la suspensión condicional del procedimiento dentro del sistema penal, permiten que infractores primerizos y jóvenes, cumpliendo con determinadas condiciones, traten sus adicciones de drogas y/o alcohol profesionalmente, pudiendo ser sobreseído, evitando con ello el llamado contagio criminógeno si se mantuvieran al interior de las cárceles.
Actualmente adscriben a este programa, el Poder Judicial (a través de 28 Juzgados de Garantía en 10 regiones del país); el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Senda, y Paz Ciudadana, institución que promovió su instalación en 2003.
Fuente: Paz Ciudadana.