Ayer, 5 de octubre de 2015, tras siete años de negociaciones, los representantes de los 12 países que forman parte del Tratado Transpacífico han anunciado oficialmente un acuerdo respecto a los contenidos del TPP. Esto no significa que el proceso haya concluído, sino que los equipos técnicos han convenido los términos del pacto comercial, el que ahora deberá ser aceptado o rechazado por los congresos nacionales de nuestros países, sin posibilidades de modificación.
Pese al anuncio de hoy, las condiciones del acuerdo se mantienen en secreto y han sido evaluadas únicamente por los equipos negociadores. Estas son fruto de un proceso que ha carecido de cualquier forma de participación ciudadana y control político, y siguen siendo desconocidas para los Congresos Nacionales, la prensa y el público. Es por ello que ignoramos los alcances concretos que este acuerdo tiene para los habitantes de los países firmantes.
Este hermetismo es incompatible con la democracia del siglo XXI. Mientras nuestros países avanzan poco a poco en mejorar sus democracias y establecer mejores mecanismos de transparencia pública, el TPP es todavía un resabio de opacidad propia de regímenes autoritarios. Si el TPP tendrá impactos en materias tan sensibles como el rol del Estado en la economía, los derechos en internet o el acceso a la salud, precisamente lo que se requiere es más debate público. No existe ninguna razón para que un tratado de esta magnitud haya sido negociado a espaldas de la ciudadanía.
Ahora más que nunca es necesario que los textos de la negociación, celosamente ocultos durante los últimos siete años, sean liberados, de modo que podamos conocer la real dimensión de los costos y beneficios asociados a suscribir esta alianza comercial. Lamentablemente, nuestros Congresos no pueden proponer modificaciones, por menores que ellas sean, ni rechazar pequeños fragmentos contraproducentes; las únicas alternativas son aceptar o rechazar el texto en su totalidad.
Ahora es turno de los congresistas de México, Chile y Perú, quienes tienen la tarea de estudiar con detenimiento y muy a conciencia si esta es la mejor ruta hacia estados más desarrollados, más democráticos y donde los ciudadanos cuenten con mayores derechos. Si la respuesta es negativa, es importante que ejerzan las facultades que la ley les confiere y se opongan a un acuerdo económico que hipoteca el futuro de nuestras naciones y compromete los derechos fundamentales de sus habitantes.
Vladimir Garay
Encargado de comunicaciones
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