El abogado constitucionalista y académico de la U. de Santiago, Francisco Zambrano, indicó que los hechos que se indican a partir de la investigación internacional “son sumamente graves” y que podría, eventualmente, “llevar hacia una acusación constitucional y la destitución del presidente de la república, eso es una posibilidad”.
Esta semana y ante el impacto de la investigación internacional llamada “Pandora Papers” que involucra al presidente de la República, Sebastián Piñera, en la venta de la minera Dominga realizada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas, ha llevado a que se impulse, por parte de diputados de la Oposición, una acusación constitucional por infringir el principio de probidad.
Para el abogado experto en derecho constitucional y académico de la Facultad de Derecho Usach, Francisco Zambrano, los hechos son “sumamente graves desde el punto de vista del principio de probidad”. Explicando que este principio está establecido en la Constitución desde el año 2005 y exige a todos los que están en la función pública “una especie de doble exigencia”, deben observar estrictamente el principio de probidad, y además en todas sus actuaciones, “es decir, en una exigencia sumamente alta”, explicó.
“Dentro de la definición del principio de probidad hay tres elementos, y el tercero es la primacía del interés general por sobre el particular, siempre que se deponga un interés privado, un interés particular por sobre el interés común o el interés general y el interés público. Para estos efectos es lo mismo, vamos a estar en presencia de una infracción en la constitución y una infracción al principio de probidad constitucional”, indicó.
Apuntando que no solamente está la idea de tener patrimonio en islas de tributación baja o islas paraíso, “lo cual en sí mismo no es un delito o no es reprochable”, el académico enfatizó en que, si es grave la cláusula que se habría pactado para efectos de obtener un pago para el evento en que, en un determinado periodo de tiempo, no se estableciera una protección ambiental en un predeterminado terreno, y ese pago impacte en el patrimonio del mandatario.
“Más allá de que pueda haber responsabilidad penal o responsabilidad tributaria, donde el SII también ha anunciado que está recopilando antecedentes, lo cierto es que también nos podemos encontrar con la responsabilidad constitucional, lo que normalmente escuchamos como la acusación constitucional”, sostuvo el abogado.
Finalmente, Zambrano explicó que lo que viene en el proceso es que la Cámara de Diputados vote si la acusación es admisible o no para que luego el Senado, por las dos terceras partes, vote si la acusación es justificada o no. “Me parece naturalmente que estamos en presencia de un conflicto importante con el principio de probidad administrativa que puede eventualmente llevar hacia una acusación constitucional y la destitución del presidente de la república, eso es una posibilidad”.
Fuente: Usach.