Entendemos perfectamente la resolución de la Corte Suprema, referida a la necesidad de adoptar especiales medidas de resguardo que protejan a Jueces y Funcionarios del Tribunal Oral en lo Penal, del Juzgado de Letras y del Juzgado de Garantía, todos de Cañete.
Igualmente comprendemos que la Corte Suprema solicite a Carabineros y a la Policía de Investigaciones para que, conforme a sus atribuciones, ejecuten todas las acciones necesarias para cumplir esta protección, tanto hacia las personas, como también a las instalaciones y edificios correspondientes a estos tribunales.
Reiteramos que entendemos y comprendemos esta inédita solicitud de la máxima instancia judicial de nuestro país. Estos hechos de violencia de carácter terrorista, con evidentes nexos con el narcotráfico y el robo de diversos bienes, como las constantes amenazas y amedrentamientos, representan la cotidiana y dura realidad que ya por décadas viven quienes habitan en la macrozona de la Araucanía; particularmente de familias y trabajadores que viven y laboran en el sector rural, agricultores, transportistas, prestadores de servicios, contratistas, profesoras y profesores, funcionarios municipales y de diversas otras reparticiones del Estado, por nombrar algunos.
Que la Corte Suprema tenga que llegar a adoptar medidas como éstas y que mediante oficio comunique al Ministerio del Interior y a otros Ministerios, la gravedad de esta situación demuestra taxativamente lo que tantas veces hemos denunciado: en las regiones del sur no impera el Estado de Derecho.
Qué más debe pasar. Cuántas nuevas víctimas debemos lamentar para que de una vez por todas el Estado de Chile, con sus tres poderes, se decida realmente a restaurar el orden y la justicia en las provincias afectadas por la violencia terrorista, que no solamente las excluye de toda posibilidad de desarrollo, sino que además destruye la convivencia y moral del alma nacional.
Fuente: Oc2.