A fin de proteger la seguridad del país, sus instituciones, y los derechos de las personas en el ciberespacio, el Gobierno ha puesto en marcha un proceso amplio y participativo para contar con una Política Nacional de Ciberseguridad en el más breve plazo posible.
Ante el visible incremento del desarrollo de las redes digitales en las últimas décadas y la masificación de las nuevas tecnologías, el Gobierno creó hoy el Comité Interministerial sobre Ciberseguridad, instancia que pretende elevar a estándares internacionales de nuestro país que permitan combatir eventuales amenazas en internet.
El comité está integrado por representantes de las subsecretarías de Interior, Mahmud Aleuy; Defensa, Marcos Robledo; Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros; Justicia, Ignacio Suárez; Secretaria General de la Presidencia, Patricia Silva; Telecomunicaciones, Pedro Huinchalaf; y Economía, Katia Trusich. El subsecretario e Interior, Mahmud Aleuy, destacó que dicha instancia tiene como principal objetivo “crear una política nacional de ciberseguridad, que resguarde la imagen, dignidad y honor de las personas; combata la propagación de material que transgreda su intimidad; y que sea implacable al perseguir delitos relacionados con la pornografía infantil”.
El comité además advertirá los riesgos de los delitos digitales, que puedan afectar gravemente la seguridad pública, los derechos fundamentales, e inclusive comprometer la seguridad externa del país, mediante actividades de espionaje y ciberataques llevados a cabo por otros países, grupos organizados o, incluso, por sujetos individuales.
De esta forma, se da cumplimiento al programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet, donde se estableció el desarrollo de una estrategia de seguridad digital, que proteja a los usuarios privados y públicos.
Adhesión al Convenio de Budapest
Durante el año pasado, el Gobierno retomó una comisión creada en 2009, que evaluó la adhesión de nuestro país al Convenio de Budapest, cuya misión obliga a sus países asociados a adoptar tipos penales sobre infracción a la propiedad intelectual, fraude informático, pornografía infantil y violaciones a sistemas informáticos.
El Convenio de Budapest también insta a la adopción de técnicas intrusivas de investigación y conservación de evidencia para combatir delitos cometidos mediante el uso de sistemas informáticos. Por último, regula la asistencia mutua entre los estados partes durante posibles investigaciones penales y puede operar como tratado de extradición para estas mismas infracciones.
Esta comisión ya sugirió a la Cancillería chilena formar parte de este importante convenio internacional, al que ya están adheridos países como Estados Unidos, Japón, Australia, Alemania e Inglaterra. Luego de esa etapa, será el Congreso Nacional la instancia que resolverá suscribir a este importante marco de cooperación internacional.
Fuente: Ministerio del Interior.