Declaración Pública del Consejo para la Transparencia

Frente a expresiones de diputados emitidas en el día de ayer, tras votarse la acusación constitucional contra el ex ministro de salud, Jaime Mañalich, el Consejo para la Transparencia (CPLT) señala lo siguiente:

1) Tal y cómo se informó en una comunicación pública emitida el 20 de abril del corriente, la conversación sostenida con el presidente de la República fue de público conocimiento, consignada en el Acta 1085 del 2 de abril y publicada para conocimiento ciudadano en la web institucional. Por lo tanto, no es efectivo que el Consejo haya guardado “silencio” como se ha sostenido.

2) En dicha ocasión, el Consejo Directivo acordó aclarar qué era obligatorio y qué era recomendación en el requerimiento formulado en su Oficio 255, persistiendo en su rol garante, promoviendo el respeto a la ley y la realización de acciones que profundizan la transparencia de los actos del Estado y sus autoridades.

3) Junto con lo anterior, se instó al Ejecutivo a ir más allá de la ley y transparentar de manera proactiva los fundamentos de sus decisiones, así como también la necesidad de reformular la normativa vigente para que las recomendaciones sugeridas tuvieran el carácter de obligatorio. Todo en el marco del manejo de la pandemia.

4) Además, se respondió a los planteamientos de los ministros de Hacienda, Interior y Salud de “exceder el ámbito de sus atribuciones” en el marco de los oficios distribuidos  a organismos públicos, señalando que el Consejo para la Transparencia siempre actuó conforme a la ley y en pleno ejercicio de sus funciones, en cuanto órgano garante, fiscalizando el cumplimiento de la Ley de Transparencia, y enfatizando que su motivación principal era que las acciones en el manejo de la pandemia y sus fundamentos entregaran tranquilidad a los ciudadanos para que entiendan, adhieran y colaboren de mejor manera con las decisiones del propio gobierno. Principio que se mantiene hasta la actualidad en nuestra labor institucional.

5) Finalmente, reiterar las acciones que como institución se han realizado, muy lejos del “silencio” que se ha imputado al Consejo:

a) Aclaración para que las reuniones por video conferencia de autoridades con fines de lobby deben registrarse siempre en el marco de la ley.

b) Fiscalización que evidenció caída de registros de audiencias entre autoridades y empresas proveedoras del sector salud en pandemia con respecto a 2019.

c) Fiscalización en donde se concluye poca transparencia e inconsistencias administrativas en gastos en recintos privados arrendados con fines de residencia sanitaria y compras de test rápidos Covid-19.

d) Declaraciones sobre la necesidad de generar actas en Mesa Social que legitimen decisiones del Ejecutivo sobre la pandemia.

e) Declaraciones solicitando al Gobierno que entregue una sola cifra de fallecidos.

f) Habilitación de un sitio sobre Transparencia, Protección de Datos Personales y otro sobre transparencia de gastos en los que incurre el Estado en el marco de la pandemia.

g) Declaraciones en donde el Consejo para la Transparencia insta al Gobierno a generar una cifra única, manifestando preocupación por diferencias entre información entregada por distintas instancias de salud.

h) Fiscalización en donde se descubre vulneración de la privacidad de pacientes en compras de hospitales y servicios de salud.

i) Evidenciar avances y persistencia de brechas en calidad de la información disponible en la plataforma del Gobierno sobre Covid-19.