Presidenta de la comisión, diputada Yasna Provoste, informó que se definieron varias medidas para “evitar el acaparamiento que perjudica destinos preferenciales, como el consumo humano y las actividades de subsistencia
“Todas estas modificaciones apuntan a hacer realidad el discurso donde el agua es un bien nacional de uso público y no quedarnos en el eslogan”.
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La presidenta de la comisión de recursos Hídricos, diputada Yasna Provoste, junto con destacar los avances que está experimentado el proyecto que modifica el Código de Aguas, informó que esta instancia determinó definir la caducidad de la titularidad por no uso de derechos de agua y la revocación, si se produce cambio de uso sin autorización, con el fin de evitar el acaparamiento que perjudica destinos preferenciales, como el consumo humano y las actividades de subsistencia
Provoste precisó, también, que se aprobó terminar con el régimen de derechos de agua a perpetuidad, estableciendo que la autoridad sólo podrá entregar concesiones de un máximo de 30 años, con posibilidad de prórroga si concurren condiciones específicas.
De esta forma, el nuevo sistema de derechos de uso temporal solo se aplicaría aquellos entregados luego de la entrada en vigencia de la ley, no considerándose su retroactividad, por cuanto ello implicaría un cambio constitucional no considerado en esta normativa.
La diputada DC agregó, además, que “con votos en contra de la UDI y RN, se aprobó la caducidad de todas las concesiones que no sean utilizadas en un plazo de cuatro años, en el caso de los usos consuntivos, y ocho, para los no consuntivos”. El plazo de contabilización puede suspenderse durante el periodo en que se tramitan evaluaciones ambientales o permisos para obras mayores. Con esto, acotó, se cambia la figura actual, donde el acaparamiento de derechos de agua y la especulación son gravados solo con una patente por no uso del recurso.
La legisladora dijo que se acordó también, con votación dividida, vincular la concesión a un uso específico y cualquier cambio de uso deberá ser solicitado y autorizado, de lo contrario se revocará la concesión. De esta forma, agregó, “la concesión que sea entregada para agua potable o riego agrícola no podrá ser usada para industria o minería”. Según evaluó, esta medida pretende evitar que los sectores con mayor poder de compra, como las empresas mineras, terminen acaparando todas las concesiones de uso de agua en las cuencas; y busca terminar con la concentración de derechos de agua que perjudica usos preferenciales como el consumo humano y las actividades de subsistencia.
La presidenta de la comisión precisó que “todas estas modificaciones apuntan a hacer realidad el discurso donde el agua es un bien nacional de uso público y no quedarnos en el eslogan. Aquí conviven dos miradas. Una que cree que el mercado lo resuelve todo y como resultado tenemos, frente a la tensión que existe en los territorios donde ha habido un acaparamiento de los que más tienen, divisiones complejas en las comunidades. Y estamos quienes creemos que realmente el agua tiene que ser un bien y patrimonio de cada uno de nosotros, por tanto no puede existir la capacidad de acaparar y apropiarse”.
Finalmente expresó que el acceso al agua “no está alejado de lo que está ocurriendo en otras áreas de la discusión legislativa como la reforma tributaria y educacional, con respecto a cómo podemos garantizar este derecho sobre un bien nacional de uso público.
Fuente: Departamento de Comunicaciones Bancada Diputados DC.