- Es impactante la comprobación del ánimo del parlamento de buscar corregir los asuntos del país pesquero destruyendo a la pesca industrial y no escuchando argumentos técnicos que indican que los dramáticos problemas del país pesquero no pasan por privilegiar a la pesca artesanal y calificando a quienes nos desempeñamos en la industria como trabajadores de segunda clase, sin derechos y sin posibilidad de defensa. Impresiona como el parlamento no tiene interés por entender la realidad operacional de la pesca industrial.
- Queremos insistir que la solución planteada por el Gobierno para las 1.700 familias que perderán su trabajo, a través de una Plataforma Social no sirve, porque es un arreglo inviable para estas familias. Hay que recordar que un trabajador embarcado tiene una renta aproximada de $1 millón y una trabajadora de planta $650 mil. Ambos son operarios altamente calificados, de edades superiores al promedio y con necesidades económicas de familias de clase media, por ende, un programa de auxilio económico y capacitaciones para oficios básicos es una solución irreal y que confirma el desconocimiento de las autoridades sobre mundo laboral de la pesca industrial.
- Los parlamentarios de la Región del Biobio y de zonas pesqueras industriales como Talcahuano y Coronel, tienen directa responsabilidad en la pérdida de estos empleos de calidad y de fortalecer la precariedad de la pesca artesanal y extender indefinidamente los graves problemas sociales de este sector.
- También lo que ha ocurrido hoy confirma la poca importancia y atención de los reales problemas de la Región del Biobio en el gobierno nacional. El Gobierno no se involucró oportunamente en esta ley de origen inconstitucional y hoy nuestra zona enfrentará un grave problema de desempleo y destrucción de valor.